Argentina con Milei, sin bandos: qué ha mejorado y qué ha empeorado de verdad

De dónde se partía (el contexto que se olvida)

Milei no llegó a un país en calma. Heredó una inflación desbocada (211,4% en los doce meses de 2023, según el INDEC), unas reservas brutas del banco central de 21.209 millones de dólares, el 41,7% de la población en la pobreza en el segundo semestre de 2023 y un Estado que gastaba mucho más de lo que ingresaba, tapando el agujero con emisión de dinero (la gasolina de la inflación). Ese es el punto de partida: un país que llevaba décadas conviviendo con la subida de precios como una enfermedad crónica.

La gran victoria: la inflación y el déficit cero

Empecemos por lo que casi nadie discute. La inflación anual ha caído del 211,4% a alrededor del 33% (pasando por el 118% a finales de 2024). Y detrás de ese logro hay uno más técnico pero decisivo: Argentina cerró 2024 con superávit fiscal por primera vez en unos catorce años. El Estado dejó de gastar más de lo que ingresa, con un recorte del gasto de alrededor del 27% en términos reales. Es la famosa «motosierra»: menos subsidios a la energía y el transporte, menos obra pública, menos transferencias a las provincias, y un tijeretazo a las jubilaciones. Sin déficit no hace falta emitir, y sin emisión la inflación afloja. Ese es, en una frase, el motor de todo el plan.

El coste: las tarifas, y una pobreza que se disparó antes de bajar

Pero ese logro se ha pagado, y conviene no maquillarlo. Los servicios públicos, antes muy subvencionados, se han encarecido mucho más que el resto: la canasta del área metropolitana de Buenos Aires subió un 944% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, frente a un 249% del nivel general de precios, según el observatorio del IIEP. La contrapartida de quitar subsidios es que el recibo lo paga la gente. Y la pobreza hizo el recorrido entero: del 41,7% de las personas en el segundo semestre de 2023 se disparó al 52,9% en el primer semestre de 2024 —con la indigencia en el 18,1%— y desde ahí bajó hasta el 28,2% al cierre de 2025 (unos 8,5 millones de personas), que es el último dato semestral publicado por el INDEC. Hueco declarado. Aquí decía que la pobreza «ha vuelto a subir a alrededor del 30% en el primer trimestre de 2026, con la indigencia en el 6,5%», y la ficha de fuentes atribuía pobreza e indigencia al INDEC. El INDEC no publica pobreza trimestral: su serie es semestral. Enfrentar su 28,2% del segundo semestre de 2025 con un dato trimestral de otro organismo fabrica una subida que no está en ninguna serie oficial. Se retiran las dos cifras. Lo que sí sostiene ese informe, y vuelve al texto: el 28,2% de pobreza al cierre de 2025 y el 41,3% de los menores de 14 años en hogares pobres, que es el dato más duro de los tres. Su indigencia es del 6,3% de las personas, no del 6,5% que decía esta pieza. A esto se suma un matiz que corta en las dos direcciones: los salarios han empezado a recuperarse y el índice general del INDEC subía un 35,7% interanual en junio de 2026, por encima de la inflación del mismo periodo —de hecho, encadenaban tres meses sin perder contra los precios—; pero el reparto es muy desigual: el sector privado registrado sube un 29,6% y el público un 30,1%, mientras el tirón del agregado lo aporta el trabajo no registrado (59,5%), que parte de mucho más abajo. En corto: el ajuste funcionó en las cuentas del Estado, pero el coste lo pagaron los ciudadanos, y lo notaron primero, y más, los de abajo.

La recuperación que asoma

La foto no es solo de ajuste. Tras la recesión inicial (inevitable cuando cierras el grifo de golpe), la actividad ha vuelto a crecer: el PIB avanzó un 4,4% en 2025 según el INDEC y las previsiones lo sitúan en torno al 3% en 2026 y 2027, empujado por la inversión y las exportaciones, con la energía y la minería como motor — sobre todo Vaca Muerta, el gran yacimiento de petróleo y gas no convencional en la Patagonia que se ha convertido en la principal apuesta exportadora del país. Las reservas se han recompuesto: el 25 de agosto de 2026 las reservas brutas cerraron en 50.913 millones de dólares, máximo de la era Milei y el nivel más alto desde septiembre de 2019, aunque buena parte de la subida reciente viene de la revalorización del oro y no de compras y el debate ahora es cuándo se levantará del todo el «cepo» (las restricciones para comprar dólares), algo que el mercado da por probable. Es el argumento de fondo del oficialismo: lo peor ya pasó y lo bueno empieza a llegar.

La pregunta de verdad: ¿era evitable?

Aquí está el núcleo, y merece plantearse en serio en vez de por consignas. Milei defiende que no había alternativa: que los ajustes graduales «siempre terminan en crisis» y que, sin financiación para estirar el proceso, solo quedaba el shock. Su tesis, resumida: un país no puede sostener una inflación de tres dígitos indefinidamente, y parte del problema eran precisamente unos subsidios y un gasto que no se podían pagar; por eso, que algunas cosas encarezcan es el peaje inevitable para no acabar en la hiperinflación y el colapso.

Enfrente, la crítica no niega que hubiera que ajustar, sino cómo se repartió el ajuste: que el peso cayó de forma desproporcionada sobre jubilados y hogares vulnerables, y que se podía haber protegido más a los de abajo mientras se recortaba por arriba. Es el viejo dilema entre el «shock» y el «gradualismo», y no tiene una respuesta técnica limpia: depende de cuánto margen fiscal real había (poco, coinciden casi todos) y de cuánto dolor social es asumible a cambio de estabilidad. Contarlo honestamente es reconocer que ambas cosas pueden ser verdad a la vez: que el ajuste era en gran medida inevitable y que su reparto es discutible.

Lo que no dependía del gobierno (y una advertencia)

Parte de lo bueno y de lo malo viene de fuera: la herencia ya descrita, la sequía que golpeó al campo, los precios internacionales. Y una advertencia de método: la propia medición de la pobreza del INDEC está en disputa política, así que aquí se usa el dato oficial y se dice que hay controversia, sin comprar ni el relato de los «15 millones rescatados» ni el catastrofista.

Lo que viene

En 2027 hay elecciones, y ahí se juega el plan entero. La pregunta no es ideológica sino práctica: si la inflación sigue baja y la actividad crece, pero la pobreza no cede lo suficiente, ¿aguanta la sociedad el ajuste el tiempo que hace falta para que lo bueno llegue a la mesa de todos? Porque a la gente no le paga la factura el PIB: le importa su sueldo, y los precios de sus facturas.

Argentina no es un experimento que confirme una ideología: es un país real donde una cosa mejora mientras otra empeora al mismo tiempo, y donde la pregunta interesante no es «¿Milei bueno o malo?», sino «¿había otra forma de salir de aquí, y a quién le toca pagarla?». Los propios datos apuntan a una respuesta parcial: el margen fiscal real era mínimo (en eso coinciden casi todos los analistas), así que un ajuste más lento habría estirado la inflación —y su propio coste social— en el tiempo, sin garantía de mejor resultado; Argentina ya probó el gradualismo con Macri entre 2015 y 2019, y terminó igual en una crisis cambiaria y un rescate del FMI. Donde sí parece haber habido más margen es en el reparto: proteger algo más a jubilados y hogares vulnerables recortando más en otros capítulos del gasto. Ninguna de las dos vías evita el dolor por completo; solo cambia quién lo paga y cuándo.